El Sauzalito: la juez de paz acudió a la fiscalía de Derechos Humanos para solictar una medida de protección 

Tras ladeclarqaciones cruzadas de los últimos días, la titular del Juzgado de Paz de la localidad de El Sauzalito, juez Sandra Pérez, y su auxiliar, Margarita Pérez, se presentaron esta mañana ante la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña. Ambas mujeres estuvieron involucradas en los incidentes de hace un par de semanas con los manifestantes frente al Juzgado, donde la juez y sus auxiliares se vieron retenidos dentro del edificio.

La mujeres, acompañadas por la abogada penalista, Adriana Molina, accionaron contra el comisario de la localidad, un integrante de la Guardia Washek y una mujer. La abogada solicitó para ambas un amparo y una medida de protección biopsicocofísica.

La magistrada y su auxiliar piden que se haga justicia por los hechos ocurridos en dicho juzgado y el mal momento que tuvieron que soportar cuando fueron impedidas de salir del edificio por alrededor 14 horas. 

El conflicto comenzó el 13 de abril, en la puerta del Juzgado de Paz en El Sauzalito, cuando la magistrada salió a la vereda a dar declaraciones a la presa sobre el femicidio de Jorgelina Reinoso, mientras la comunidad wichí se manifestaba frente al edificio en pedido de justicia por la muerte de la joven de 16 años. Los manifestantes comenzaron una fogata en la entrada del juzgado, que impidió que la juez, junto con su secretario y su auxiliar, abandonaran el edificio.

Desde el Gobierno Provincial, sin embargo, se emitió un comunicado en el cual negaban lo dicho por la juez: “el comisario local Octavio Molina, que encabezó el operativo de seguridad de la manifestación por el pedido de justicia frente al Juzgado de Paz de la localidad, aseguró que la manifestación se desarrolló con normalidad y no hubo bloqueo del ingreso o egreso a la sede judicial como trascendió en algunos medios de comunicación”. Y agregaron que “tampoco hubo privación de la libertad ni toma de rehenes como también trascendió”.

Ante esto, la juez declaró en diálogo con Diario TAG: “Recién tomé conocimiento de ese hecho, estoy indignada con que traten de minimizar la cuestión. Siento mucha desprotección porque siempre tratan de minimizar este tipo de hechos”.

Nosotros no nos encerramos porque quisimos, nosotros no podíamos saltar el fuego y yo no soy la mujer araña para saltar muros y demás. Yo entré por la puerta grande y tengo que salir por la puerta grande. Reconozco que no estaba cerrado con candado pero pregunto: ¿será que se puede saltar una fogata y exponer nuestras vidas, nuestra integridad física y psíquica que estaba siendo afectada por algo que nosotros no hicimos? ¿Arriesgarnos y tirarnos a la calle para poder irnos a la casa?”, dijo.

Además, explicó que la única forma por la que se les permitió abandonar el juzgado la noche de los incidentes, cerca de las 2.30 de la mañana, fue firmando un acta y que “la parte protestante eran quienes redactaban esa acta”. “Yo me puse en la tesitura de decir yo si no conozco el contenido no firmó el acta. Después vi el cansancio de mis compañeros y que era la única alternativa, hablé con el comisario y le comenté que había rectificado mi postura y que iba a firmar”, dijo la jueza.

De esta manera, Pérez debió acercarse al frente del juzgado, dónde se estaban quemando neumáticos y realizando un acampe, acompañada de un comisario, para firmar su liberación. “Hasta el momento desconozco el contenido, pero lo tuve que firmar, ni siquiera me lo leyeron ni me lo comentaron de forma verbal”, afirmó.

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