Brutalidad policial contra jóvenes Qom: “Todo el procedimiento fue ilegal”

Así lo aseguró el vicepresidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Kevin Nielsen, en diálogo con CIUDAD TV. Fue luego de la audiencia en el Juzgado de Garantías Nº 4 de Resistencia donde las querellas pidieron que los diez policías de la Comisaría Tercera de Fontana que agredieron a los jóvenes Qom del Barrio Banderas Argentinas sean juzgados por el delito de torturas y no por vejaciones. En cinco días habrá una definición.

En cinco días hábiles la jueza de Garantías de Resistencia, Rosalía Zozzoli, deberá resolver si acepta el planteo de las querellas y de los amigos del tribunal y anula el requerimiento de elevación a juicio por el delito de vejaciones elevado por el fiscal en lo penal especial de Derechos Humanos, Enrique Luciano Santos, contra los diez funcionarios policiales de la Comisaría Tercera de Fontana que participaron del “operativo” que consistió en brutales agresiones contra cuatro jóvenes del pueblo Qom del Barrio Banderas Argentinas durante la madrugada del 31 de mayo de 2020.

Tanto las querellas del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y de la Defensoría Oficial como los amigos del tribunal (Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Amnistía Internacional) piden que los agentes sean enjuiciados por el delito de torturas, que prevé penas que van de los 8 a los 25 años de prisión. Así lo hicieron saber este viernes en la audiencia de oposición llevada adelante por la jueza Zozzoli, que tendrá en sus manos la definición, que también será determinante con respecto a si los policías serán juzgados por un tribunal oral o por un juzgado correccional.

Nielsen: “Tiene que ser calificado como tortura”

“Estamos de acuerdo con la cantidad de personas imputadas, con todas las pruebas recolectadas, muchas ellas a instancia de las querellas. Lo que no coincidimos con la Fiscalía Especial de Derechos Humanos es el encuadre legal, también llamado calificación o tipificación del delito. En ese sentido, es importante entender que esto debe ser calificado con el tipo penal de tortura y no de vejaciones como actualmente está calificado”, explicó el vicepresidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Kevin Nielsen.

En ese sentido, advirtió que “esto lo venimos planteando en muchas causas, tiene que ver con la intensidad del sufrimiento infligido por funcionarios policiales a personas que están bajo su custodia, esto fue lo que sucedió en este caso no solamente durante el allanamiento ilegal sino también durante el período de la detención que duró varias horas”.

“Todo el procedimiento fue ilegal”

Además, Nielsen reveló que desde el Comité para la Prevención de la Tortura se pidió la ampliación de la imputación por detención ilegal para todos los detenidos “porque a lo largo del proceso se comprobó que absolutamente todo el procedimiento fue irregular, arbitrario e ilegal”. En ese sentido, precisó que “inclusive se ha comprobado que han sido falseadas las actas de allanamiento, buscando testigos posteriormente al hecho y haciendo figurar como que estaban presentes y que el allanamiento estaba justificado”.

La ficción de la agresión a la Comisaría Tercera

El vicepresidente del CPTCh también reveló que durante la investigación se pudo comprobar que la supuesta agresión a la Comisaría Tercera de Fontana, que la Policía alegó para justificar el operativo de cacería de los jóvenes Qom, “nunca existió”. “Lo que hicieron fue predisponer una serie de objetos, piedras, botellas, etcétera, en el hall de entrada de la comisaría y sacar fotos y así hacer aparentar como que habían sufrido una agresión, todos actos de encubrimiento para justificar este accionar ilegal. Con lo cual entendemos que la detención ilegal se dio no solamente respecto del adolescente sino de todos los detenidos esa noche”, consideró.

Qué hacer con los policías acusados

Nielsen señaló, además, que en caso de que el accionar de los agentes policiales sea recalificado por el delito de torturas, podría corresponder la detención de los funcionarios policiales, aunque aseguró que se trata de un tema secundario.

Actualmente, los diez policías se encuentran en actividad pero sin portación de arma reglamentaria y en dependencias que no están en contacto con el público, aunque en su momento se produjo un fuerte conflicto por la defensa a ultranza de los agentes acusados que hizo el exjefe de Policía del Chaco, Fernando Romero, que insistía en que vuelvan al servicio y debió renunciar a su cargo.

En ese sentido, Nielsen consideró que se debe discutir una actualización del régimen disciplinario policial que esté en sintonía con los tratados internacionales de derechos humanos, que entraron en vigencia en el año 1994.

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