Brutalidad policial en Fontana: “No vamos a tolerar estos hechos ilegales y violentos”, dijo la ministra Zalazar

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La ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, anunció que el Estado será querellante en la causa por apremios ilegales, amenazas de muerte y abuso sexual que protagonizaron un grupo de policías de la Comisaría Tercera de Fontana el domingo por la madrugada. Informó que el gobernador, Jorge Capitanich, ordenó la inmediata separación del cargo de los agentes implicados.

Así quedaron algunas de las víctimas de los apremios ilegales sufridos en la madrugada del domingo.

El gobierno chaqueño será querellante en la causa contra un grupo de policías de la Comisaría Tercera de Fontana por apremios ilegales, amenazas de muerte y abuso sexual, entre otros delitos, perpetrados el domingo por la madrugada contra una familia perteneciente a la comunidad Qom de esa localidad.

Así lo informó este martes en conferencia de prensa desde Casa de Gobierno la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar. Acompañada por el jefe de Policía, Fernando Romero, la funcionaria señaló que por instrucciones del gobernador, Jorge Capitanich, se ordenó el inmediato apartamiento de los policías involucrados mientras continúen abiertas tanto la causa penal como el sumario administrativo.

“Ante los hechos de público conocimiento ocurridos el día sábado en el que agentes policiales de la comisaria tercera ejercieron violencia policial hacia una familia en el Barrio Banderas Argentinas, localidad de Fontana, el Gobernador dispuso el inmediato apartamiento de estos agentes”, dijo la ministra.

“Repudiamos este accionar ilegal, violento y arbitrario de la policia, que nada tiene que ver con el compromiso del Gobierno con el Estado de derecho y las garantías de los derechos humanos, como de la misma manera que repudiamos todo tipo de violencia”, añadió.

En este sentido, indicó que se encuentra interviniendo el Órgano de Control Institucional de la Policía (OCI) y la Fiscalía de Derechos Humanos “exigiendo la correspondiente investigación al personal policial que intervino en el operativo y realizando la investigación judicial para que sean juzgados penalmente por sus actos”.

A su vez, afirmó que el equipo perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se hizo presente en el domicilio con la finalidad de contener psicológicamente a las víctimas, asesorarlas y orientarlas legalmente en cuanto a la reivindicación de sus derechos vulnerados, promover el acceso a la salud solicitando ambulancia y acercándolos al servicio del Hospital Perrando articulando con el Ministerio de Salud y la Justicia.

“Queremos decirles que no vamos a tolerar la impunidad. Por eso, el Estado también será querellante en esta causa para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia por las víctimas”, anticipó Zalazar.

“El equipo continúa en contacto con la familia para generar una intervención integral y darle acompañamiento en todo momento. No vamos a tolerar que estos hechos pasen desapercibidos ni que vuelvan a ocurrir. Seguimos trabajando para el esclarecimiento de los hechos y la garantía de justicia”, finalizó.

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