Coronavirus: buscan evitar una “catástrofe humanitaria” en comisarías y alcaidías del Chaco

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Así lo plantea una acción de habeas corpus colectivo presentada este lunes por la defensora general adjunta, Gisela Gaúna Wirz, referida a toda la población detenida en comisarías e instituciones penitenciarias de la provincia del Chaco. Insta a adoptar medidas que resguarden la salud y la vida de la población alojada y también que se descongestionen los centros de detención que se encuentran superpoblados.

Ante la emergencia nacional provocada por la pandemia global de coronavirus, la defensora general adjunta del Poder Judicial del Chaco, Gisela Gaúna Wirz, interpuso una acción de habeas corpus colectivo con el objetivo central de proteger la vida y la salud de las personas que pertenecen a grupos de riesgo alojadas en comisarías y establecimientos penitenciarios de la provincia. Según expresó en su presentación, a la que tuvo acceso CHACODIAPORDIA.COM, la medida también propone la instrumentación de una serie de medidas tendientes a descongestionar los centros de detención y garantizar de ese modo “mejores condiciones para aquellos que deban permanecer alojados”.

El escrito fue presentado este lunes ante el Superior Tribunal de Justicia del Chaco y para la funcionaria del Ministerio Público de la Defensa también se pretenden “evitar intervenciones tardías y desordenadas”. La presentación se da en el marco de la pandemia global provocada por el COVID-19 pero tiene como antecedentes los acuerdos logrados en la Mesa Interpoderes conformada para evaluar la situación de las personas privadas de libertad en la provincia del Chaco debido a la sobrepoblación y el hacinamiento en los establecimientos de detención del Chaco. El propósito central de la mencionada Mesa consiste en la instrumentación de medidas que permitan morigerar las condiciones de detención en casos que así lo ameriten.

Por qué una acción colectiva

En ese contexto, la defensora general adjunta justifica el habeas corpus colectivo y revela que “si bien el Servicio Penitenciario Provincial ha elaborado listados de los grupos vulnerables, son muy pocas las personas a las que se les ha concedido la prisión domiciliaria al día de la fecha. De allí la necesidad de lograr la intervención del Superior Tribunal, para que sea operativo el resguardo de dichas personas, lo que aún no se ha conseguido a través de las acciones individuales”.

Gaúna Wirz solicita, en ese sentido, que se establezcan medidas urgentes y que se fije reglas comunes de actuación para todo el territorio provincial en el marco de la Recomendación Nº066/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, de inclumplirse, podría derivar en la responsabilidad internacional para el Estado Argentino.

Entre sus fundamentos, la defensora general adjunta señala que “la población penitenciaria es especialmente vulnerable frente a una enfermedad altamente contagiosa como el COVID-19 dado el estado de superpoblación, hacinamiento y pésimas condiciones de higiene en que se encuentran conviviendo, lo que les impide adoptar los recaudos aconsejados para evitar el contagio, sumado ello a las dificultades que ya tenían para acceder a una rápida atención médica en el encierro”. En ese contexto, advierte que “si el virus ingresa en el ámbito carcelario o de las comisarías en las actuales condiciones, se produciría una catástrofe humanitaria”.

La presentación puntualiza que persigue la solución “no sólo de la situación individual de los detenidos que se encuentran en comprendidos en el presente pedido, sino que se pretende una respuesta concreta al conflicto colectivo que compromete a todo el Estado provincial, y específicamente al Poder Judicial, en tanto los detenidos se encuentran a disposición de jueces y fiscales, y no del Poder Ejecutivo”.


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